Un futuro laboral más justo exige repensar la cobertura social de los trabajadores
En pleno siglo XXI, millones de trabajadores alrededor del mundo continúan desempeñando sus tareas sin acceder a un sistema de protección social adecuado. La paradoja es evidente: mientras la comunidad internacional se compromete a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, una parte significativa de la fuerza laboral sigue quedando fuera de la red mínima de seguridad que debería garantizar condiciones dignas de vida.
La situación es aún más crítica en economías emergentes, donde la informalidad alcanza niveles alarmantes y donde el Estado, las empresas y los organismos internacionales enfrentan el desafío de construir soluciones viables para millones de personas que hoy trabajan desprotegidas. El problema no se limita a salarios bajos o empleo inestable; se trata de un entramado más profundo que incluye falta de acceso a la salud, ausencia de jubilaciones futuras, precariedad en licencias y una vulnerabilidad generalizada frente a crisis económicas y sanitarias.
La cobertura social como pilar del desarrollo sostenible
Los ODS, impulsados por Naciones Unidas, colocan a la protección social como una de las bases para reducir la pobreza, promover la igualdad y garantizar un crecimiento inclusivo. No se trata de un concepto accesorio, sino de un elemento central para cumplir con metas como:
- ODS 1: Fin de la pobreza.
- ODS 3: Salud y bienestar.
- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
- ODS 10: Reducción de las desigualdades.
Sin un sistema que garantice cobertura social a los trabajadores, estos objetivos corren el riesgo de convertirse en aspiraciones vacías. El trabajo decente, que debería ser el motor de movilidad social, se convierte en una trampa de pobreza cuando no está acompañado de seguridad social.
La informalidad como principal obstáculo
Uno de los mayores problemas que atraviesan los países de América Latina, África y Asia es la elevada tasa de informalidad laboral. En algunos casos, más del 50% de los trabajadores se encuentra en esta condición. Eso significa que no tienen aportes jubilatorios, cobertura médica, seguro por accidente ni acceso a políticas de protección en caso de desempleo.
La informalidad afecta a la economía en su conjunto. Al no tributar, se reducen los ingresos fiscales destinados a financiar políticas públicas, perpetuando un círculo vicioso en el que el Estado carece de recursos para expandir la cobertura. Mientras tanto, las empresas informales sostienen ventajas competitivas basadas en costos laborales más bajos, lo que desalienta a muchas compañías formales a mantener esquemas de contratación legal.
Brechas entre países desarrollados y emergentes
En los países desarrollados, la cobertura social enfrenta otros desafíos: la sostenibilidad de los sistemas de seguridad en el contexto de envejecimiento poblacional y nuevas formas de trabajo como la economía de plataformas. Si bien el nivel de formalización es mayor, la aparición de empleos temporarios, tercerizados o bajo esquemas de “freelance” ha puesto en cuestión la capacidad de los sistemas actuales para proteger a todos.
En cambio, en los países emergentes la discusión todavía pasa por lo básico: cómo lograr que la mayoría de los trabajadores ingrese a un circuito de empleo formal y acceda a una mínima cobertura. En ambos escenarios, la pregunta de fondo es la misma: ¿cómo garantizar que los sistemas de protección social acompañen las transformaciones del mercado laboral sin dejar a nadie atrás?
Consecuencias sociales y económicas de la desprotección
La ausencia de cobertura social genera un impacto directo sobre la vida de las personas. Sin acceso a servicios de salud, las familias deben destinar buena parte de sus ingresos a gastos médicos, cayendo en ciclos de endeudamiento o pobreza extrema. Sin aportes jubilatorios, millones de trabajadores envejecen sin un sustento económico básico, dependiendo de subsidios estatales insuficientes o de la ayuda de familiares.
En términos macroeconómicos, la falta de protección social profundiza la desigualdad y debilita el consumo interno. Una sociedad con altos niveles de inseguridad económica es más vulnerable a crisis, y la inestabilidad se convierte en un freno para el crecimiento sostenible. Además, la falta de cobertura socava la confianza ciudadana en las instituciones, alimentando la desafección política y la fragmentación social.
El rol de las empresas y la responsabilidad social corporativa
No todo depende de los Estados. Las empresas también tienen un papel crucial en la construcción de un mercado laboral más justo. La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) no puede reducirse a campañas de marketing o acciones puntuales de filantropía: debe incluir la garantía de condiciones dignas para los trabajadores, tanto directos como tercerizados.
El desafío es integrar la cobertura social en la estrategia de negocios. Una compañía que promueve la formalización laboral, que invierte en beneficios y que prioriza el bienestar de sus empleados construye un capital humano más productivo y leal. A largo plazo, esto se traduce en mayor rentabilidad y sostenibilidad del negocio.
Hacia un nuevo pacto social
Para revertir la exclusión de millones de trabajadores, se necesita un nuevo pacto social que involucre al Estado, las empresas y la sociedad civil. La digitalización puede ser una aliada clave para crear sistemas de registro más transparentes y accesibles, facilitando la formalización de actividades independientes o de pequeña escala. Asimismo, los organismos internacionales pueden ofrecer financiamiento y asesoría técnica para fortalecer los sistemas de seguridad social en países con menos recursos.
La agenda de los ODS marca un horizonte, pero el tiempo corre. Si no se implementan medidas concretas, en 2030 seguirá existiendo una gran masa laboral desprotegida, lo que minará los avances en reducción de la pobreza y en crecimiento inclusivo.
Hablar de crecimiento, inversión o competitividad sin garantizar seguridad a quienes producen la riqueza es una contradicción que tarde o temprano genera fracturas profundas. Avanzar hacia un modelo más inclusivo es la condición para que el desarrollo económico sea duradero y compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.