La mina de oro Gualcamayo (San Juan), propiedad del grupo español Aisa, ha anunciado una inversión clave de 665 millones de dólares para desarrollar su ambicioso proyecto “Carbonatos Profundos”, bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del gobierno argentino según indican desde Reuters. Esta iniciativa, que contempla la construcción de una mina subterránea, una planta de oxidación a presión (la séptima en el mundo) y un parque solar de 50 MW, no solo es un hito para la industria minera, sino también un paso firme hacia un modelo energético más sostenible.
El proyecto, originalmente estimado en mil millones de dólares, fue ajustado tras negociaciones con el gobierno, reflejando una estrategia de alineación con los requerimientos del RIGI. Su plan es iniciar operaciones en 2029, con una producción proyectada de 120.000 onzas de oro anuales durante 17 años, lo que generaría exportaciones por unos 400 millones de dólares anuales. Para ponerlo en perspectiva, actualmente Gualcamayo produce entre 50.000 y 55.000 onzas mediante procesos de recuperación secundaria, y cuenta con 2 millones de onzas de reservas económicamente viables.
Juan José Retamero, CEO de Aisa Group, indicó a Infobae que “se decidió quitar del plan inicial la etapa de recuperación de oro en pilas lixiviadas y la planta de cales industriales –que incluía un gasoducto de más de 250 kilómetros– y se redujo el monto total de inversión de 1.000 millones a 740 millones de dólares” y que el RIGI (Programa estratégico para atraer y fomentar inversiones de gran escala en Argentina) debe tener una visión de largo plazo para que tenga algún sentido, destacando un horizonte de 30 años.

Este anuncio destaca en un contexto donde solo dos proyectos —ambos de litio— han sido beneficiarios del RIGI hasta el momento, lo que subraya la relevancia de este avance en el sector minero argentino. La compañía confía en que la seguridad jurídica y la estabilidad normativa serán fundamentales para asegurar inversiones sólidas y sostenibles en el país.
El proyecto podría marcar un punto de inflexión hacia una economía minera más moderna y competitiva. Si se concreta en los plazos previstos —factibilidad para 2026 y construcción a partir de 2027—, la Argentina podría consolidarse como un exportador global de oro de alto valor agregado y baja huella ambiental.
Asimismo, este impulso verde y estratégico abre la puerta a sinergias con industrias afines —energía renovable, infraestructura y tecnología— creando un efecto multiplicador de empleo y desarrollo local en regiones vinculadas a la minería.