El color del hambre: cuando el discurso verde olvida a los pobres
Gobiernos, empresas y organizaciones adoptaron la sostenibilidad como bandera, impulsando políticas de reducción de emisiones, reciclaje, energías renovables y consumo responsable. Sin embargo, detrás de todo esto, emerge una contradicción profunda: el discurso verde suele olvidar a los pobres, generando nuevas desigualdades sociales mientras intenta resolver las ecológicas.
La desigualdad en la transición verde
La llamada “transición energética” promete un futuro más limpio, pero también trae costos sociales considerables. El reemplazo de industrias tradicionales por tecnologías sustentables implica reconversiones productivas que no siempre contemplan a los trabajadores desplazados.
Por ejemplo, el cierre de plantas vinculadas al carbón o al petróleo en países en desarrollo deja comunidades enteras sin empleo. Las políticas de reconversión, cuando existen, suelen llegar tarde o centrarse en sectores formales, ignorando la economía informal, que representa una parte significativa de la población trabajadora en América Latina y África.
El resultado es paradójico: en nombre de la sostenibilidad, se amplía la brecha entre quienes pueden adaptarse al nuevo paradigma y quienes quedan excluidos.
El costo oculto de los materiales “limpios”
El discurso verde también omite con frecuencia los costos humanos y ambientales de las tecnologías limpias.
Los autos eléctricos y las baterías de almacenamiento, por ejemplo, dependen del litio, el cobalto y el níquel —minerales extraídos mayormente en el sur global— donde la explotación laboral y la degradación ambiental son moneda corriente.
En regiones como el norte argentino, el triángulo del litio ha generado conflictos por el uso intensivo de agua dulce en zonas áridas. Las comunidades locales ven afectada su agricultura y su modo de vida, mientras las ganancias se concentran en corporaciones extranjeras.
Lo que desde Europa o Estados Unidos se celebra como un avance ecológico, en los territorios productores se traduce en escasez, contaminación y pérdida de derechos.
La “economía verde” necesita, por tanto, una revisión ética: no puede construirse sobre la desigualdad global.
Pobreza, consumo y sostenibilidad
Uno de los grandes errores del discurso ambiental dominante es suponer que todos los ciudadanos tienen la misma capacidad de acción. Las campañas que promueven el consumo responsable, el reciclaje o el uso de energías renovables suelen estar diseñadas para sectores medios y altos, capaces de acceder a productos sustentables o tecnologías eficientes.
Para millones de personas en situación de pobreza, la prioridad no es reducir la huella de carbono, sino sobrevivir.
Hablar de consumo responsable en hogares que no pueden garantizar las necesidades básicas es un ejercicio de desconexión social.
La pobreza no es la causa del deterioro ambiental; es, en cambio, una de sus principales víctimas.
Las comunidades más vulnerables viven en zonas contaminadas, con menos acceso a servicios y con una exposición mucho mayor a los efectos del cambio climático. Sin justicia social, no puede haber justicia ambiental.
El capitalismo verde y sus contradicciones
El auge del “capitalismo verde” refuerza esta desigualdad estructural.
Las grandes corporaciones globales han aprendido a capitalizar el discurso ambiental, transformando la sostenibilidad en estrategia comercial.
Bajo etiquetas como eco-friendly, carbon neutral o zero waste, muchas empresas promueven prácticas que, aunque positivas en apariencia, mantienen intacto el modelo extractivista de siempre.
La compra de bonos de carbono o la compensación de emisiones son ejemplos claros: empresas que continúan contaminando pueden “equilibrar” su huella financiando proyectos en países del sur. Sin embargo, esas compensaciones rara vez benefician a las comunidades locales y, en algunos casos, provocan desplazamientos o restricciones sobre el uso del territorio.
El resultado es un nuevo tipo de colonialismo: un “colonialismo verde”, donde los países ricos limpian su imagen a costa de los más pobres.
Políticas ambientales sin dimensión social
Las políticas ambientales no pueden analizarse de forma aislada. Cada decisión ecológica tiene un impacto económico y social.
Cuando se eliminan subsidios a combustibles fósiles sin ofrecer alternativas accesibles, se encarece el transporte, la energía y los alimentos, afectando sobre todo a los sectores de menores ingresos.
Del mismo modo, las restricciones a ciertas exportaciones “contaminantes” pueden dejar sin sustento a comunidades rurales enteras.
El desarrollo sostenible requiere equilibrio.
Si las medidas ambientales no se acompañan de políticas activas de inclusión, educación, reconversión laboral y acceso equitativo a la tecnología, la sostenibilidad se convierte en un privilegio y no en un derecho.
Justicia ambiental: un nuevo paradigma necesario
Frente a estas tensiones, surge con fuerza el concepto de justicia ambiental: la idea de que las políticas ecológicas deben distribuir equitativamente sus costos y beneficios.
Esto implica reconocer que el cambio climático y la degradación ambiental no afectan a todos por igual, y que los más vulnerables deben ser priorizados en las soluciones.
Una transición energética justa debe contemplar la generación de empleo, el respeto a las comunidades locales y la redistribución del valor generado por las nuevas industrias.
El futuro sustentable debe ser inclusivo, participativo y socialmente equilibrado. De lo contrario, corremos el riesgo de crear un “mundo verde” tan desigual como el actual.