Avance del Gobierno en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) es la empresa estatal responsable de operar las tres centrales nucleares activas en el país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Con una participación relevante en la matriz energética argentina —alrededor del 7 % del aporte total al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) según informes recientes— la empresa nuclear es considerada estratégica. En 2025, el Gobierno nacional ha dado pasos concretos hacia una privatización parcial de NA-SA, manteniendo al mismo tiempo mecanismos de control estatal.

¿Qué significa “privatización parcial”?

El plan oficial prevé que el Estado mantenga la participación mayoritaria en NA-SA, mientras que un porcentaje minoritario de sus acciones sea vendido, mediante licitación pública, tanto a inversores nacionales como extranjeros, con un tramo destinado también a los trabajadores.

Según reportes especializados:

• Se propone privatizar el 49 % del paquete accionario de NA-SA: 44 % en bloque, mediante licitación pública nacional e internacional, y 5 % para los trabajadores a través de un programa de propiedad participada.
• El 51 % restante quedaría bajo control estatal, garantizando que el Gobierno mantenga las decisiones estratégicas, como construcción de nuevas centrales, ampliaciones, etc.
• Además, la Ley Bases (Ley 27.742) exige que en empresas como NA-SA se conserve el control estatal.

Estado actual del proceso

Hasta ahora, los avances incluyen:

Redacción del decreto: El Gobierno tiene listo un decreto para oficializar la venta parcial del 49 % de NA-SA.

Plan de licitación: Se definió que el 44 % de las acciones saldrían en bloque a licitación nacional e internacional; mientras que el 5 % para trabajadores se canalizará mediante un programa especial de propiedad compartida.

Superávit y desempeño económico: Aunque NA-SA sigue siendo rentable, su superávit ha caído considerablemente. En particular, del primer trimestre de 2024 a similar período de 2025, los resultados positivos bajaron de unos $142.000 millones a $17.234 millones de pesos.

Preservación del control estatal y vetos: Se han introducido disposiciones legales que garantizan al Estado derechos de veto en decisiones críticas, como la construcción de nuevas centrales nucleares o la expansión de capacidad, incluso si parte de la empresa es privatizada.

Plan de acción e inversiones: El Presupuesto 2025 para NA-SA incluye unas inversiones estimadas en aproximadamente $239.000 millones destinadas a obras estratégicas como la extensión de vida útil de Atucha I, el almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados, y otros proyectos nucleares. El resultado económico previsto es positivo, del orden de $23.389 millones.

Contexto legal e institucional

Para entender los límites y garantías del proceso, conviene revisar:

• Ley Nuclear (Ley 24.804): regula la actividad nuclear en el país. Algunas modificaciones propuestas apuntan a que ciertas operaciones del ciclo nuclear (construcciones, operación, cierre, nuevas centrales) queden fuera de la venta si implican cambio de control que ponga en peligro la soberanía energética.
• Ley Bases (Ley 27.742): la norma que declara sujetos a privatización parcialmente varias empresas estatales; en el caso de NA-SA, obliga a que el Estado mantenga participación mayoritaria.
• Comisión Bicameral de Privatizaciones: será una de las entidades encargadas del seguimiento de los procesos de apertura al capital privado.

Ventajas y riesgos del plan

Ventajas potenciales

• Inyección de capital privado: los fondos que puedan ingresar podrían acelerar inversiones, mejorar eficiencia operativa, agilizar obras estratégicas (como la extensión de vida de Atucha I) y modernizar infraestructura.
• Participación de trabajadores: con un 5 % para ellos, podría generar mayor compromiso interno, mejor clima laboral y distribución de beneficios.
• Desarrollo tecnológico: con la rentabilidad proyectada y las inversiones en proyectos como almacenamiento en seco, la naturaleza nuclear argentina puede ganar escala, prestigio y hasta exportar servicios o tecnologías nucleares.

Riesgos y puntos de tensión

• Pérdida de control operativo: aunque el Estado mantenga mayoría, la participación privada puede generar presiones, conflictos sobre precios, tarifas, decisiones estratégicas.
• Transparencia y regulación: licitaciones internacionales y compromisos con inversores privados exigen un marco regulatorio transparente, seguro y estable. Cambios de gobierno, de normativa o de prioridades podrían afectar la confianza.
• Contexto político y social: la energía nuclear tiene fuerte carga simbólica, ambiental y política. Sindicatos, comunidades, partidos políticos podrían oponerse si perciben riesgos.
• Rentabilidad y costos: los costos de mantenimiento, extensión de vida útil de plantas nucleares, seguridad, cuestiones ambientales son elevados. Si no se cuidan bien los contratos, los privados pueden obtener márgenes excesivos, o el Estado podría tener que cubrir pérdidas o subsidios implícitos.

Qué esperar en los próximos meses

Con base en lo conocido hasta ahora, estas son algunas de las proyecciones más plausibles:

1. Declaración formal del decreto y puesta en marcha del proceso de licitación: se espera que después de definirse los términos finales (precio base, condiciones de participación, obligaciones de inversión, cláusulas de veto) se haga el llamado público nacional/internacional para ofertantes del bloque del 44 %.
2. Negociaciones con los trabajadores: definición del programa de propiedad participada para el 5 % destinado a los empleados, probablemente con reglas de asignación, vesting, participación en beneficios, etc.
3. Supervisión legislativa y judicial: la Comisión Bicameral de Privatizaciones y posibles controles del Congreso serán clave, especialmente para asegurar que las cláusulas de veto funcionen, que los estatutos se modifiquen adecuadamente y que el Estado no pierda control indirecto.
4. Reacción social y política: es probable que haya oposición de algunos sectores sindicales, partidos políticos o provincias, sobre todo en relación a tarifas, seguridad nuclear, soberanía energética.
5. Efectos técnicos y operativos: la extensión de vida de Atucha I, los trabajos de mantenimiento/reparación de Atucha II, mejoras en Embalse, el almacenamiento en seco de los combustibles gastados, entre otros, seguirán siendo obras críticas que determinarán la credibilidad del plan.