En un escenario económico ya marcado por la volatilidad y la incertidumbre, una nueva encuesta reveló que 7 de cada 10 argentinos (67,4 %) no confía en las cifras oficiales de inflación difundidas por el INDEC (La Vanguardia Noticias, consultora Zentrix), evidenciando un fuerte deterioro en la credibilidad institucional. Este nivel de rechazo, que creció más de 10 puntos porcentuales respecto a julio, representa una crisis de legitimidad que podría tener efectos profundos en la gestión económica futura.
¿Pérdida de legitimidad en datos clave?
Cuando una mayoría significativa de la población pone en duda los indicadores oficiales, la capacidad del Estado para diseñar políticas efectivas se ve comprometida. La inflación—siendo uno de los datos más sensibles tanto para hogares como para empresas—pierde su utilidad como referencia. La percepción ciudadana es central en la formación de expectativas económicas. La desconfianza en los indicadores puede alimentar sobresaltos en el mercado, desencadenar desconfianzas en decisiones como contratación de precios, ajuste salarial, o incluso consumo.
Tanto empresarios como sindicatos y consumidores podrían adoptar parámetros alternativos (consultoras privadas, expectativas), generando fragmentación en la planificación económica y escenarios de mayor complejidad macro. Frente al descrédito del INDEC, las consultoras privadas probablemente ganen protagonismo como referencia en informes, análisis y toma de decisiones económicas.
Sin cifras de referencia creíbles (o al menos así percibidas, según el informe), los acuerdos paritarios y fijación de precios podrían volverse más erráticos y reactivos, lo que obligará a actores económicos a utilizar proyecciones propias. Si la percepción negativa se extiende, el sistema financiero podría enfrentar mayores tasas de interés implícitas, ya que los analistas ajustarían los riesgos ligados a la inestabilidad de información.
La creciente desconfianza en los datos de inflación del INDEC refleja algo más que un desafío técnico: es un síntoma de erosión institucional que pone en jaque la capacidad del Estado para gobernar con eficacia. Recuperar esa credibilidad será clave para restablecer equilibrio entre expectativas sociales, decisiones empresariales y políticas macroeconómicas. Si no lo hace, la fragmentación en las referencias podría profundizar la volatilidad y alimentar dinámicas inflacionarias difíciles de controlar.