Según la International Labour Organization (ILO), la informalidad laboral continúa siendo un tema relevante a nivel global debido a que existe en todos los países, más allá de su grado de renta y desarrollo. Hay países como el Congo o Chad, cuyo Informal Employment Rate (Tasa de Empleo Informal) es del 97%, formando parte de la compleja situación del África y en un grado menor, Asia con Vietnam, Indonesia o la India, entre otros.
Por su parte, América del Sur también encuentra índices elevados, de acuerdo con ILOSTAT (estadísticas laborales de la OIT), podríamos armar el siguiente ranking de informalidad:
1- Bolivia 84%.
2- Perú 72%.
3- Ecuador 69%.
4- Paraguay 67%.
5- Venezuela 58%.
6- Colombia 56%.
7- Argentina y Suriname 52%.
8- Brasil 37%.
9- Uruguay 29%.
10- Chile 27%.
Estas cifras incluyen a personas que trabajan a diario pero carecen de derechos laborales básicos como seguridad social, estabilidad, protección legal y condiciones dignas.
Si bien los empleos informales suelen representar la única fuente de ingreso disponible, en la práctica perpetúan la vulnerabilidad social y económica.
Por otro lado, la falta de empleos empuja a los individuos hacia el emprendedurismo, encarado sin conocimientos técnicos ni apoyo financiero, pero con las condiciones asfixiantes impuestas por los gobiernos.
La economía informal profundiza la desigualdad afectando la productividad nacional, dando como resultado una economía menos competitiva; la formalización no es una protección al trabajador, es un gran paso para mejorar las condiciones macroeconómicas.
En el mismo sentido las consecuencias sociales de la precarización laboral son nefastas para la planificación nacional, especialmente todo lo que abarcan los ciclos de pobreza intergeneracional.
En resumen, como se suele sostener cuando se analiza este tema, “la informalidad no es un problema individual, es un desafío estructural que requiere soluciones colectivas”.
